Han transcurrido veintinueve años desde que Pablo Escobar le pagara al M19 para que se tomara el Palacio de Justicia; después de rigurosas investigaciones de orden disciplinario y jurídico, con la intervención de los estamentos y entidades nacionales del caso, que arrojaron resultados claros, contundentes y precisos, en el sentido de exonerar al estado colombiano de responsabilidad penal sobre los hechos, y en particular al Ejército Nacional, la justicia colombiana, representada por personajes oscuros en particular una juez y una fiscal que desconociendo las leyes y las mínimas normas de ética y moral e inventando testigos, crearon un aberrante caso, que según palabras del mismo coronel Plazas, “es el ejemplo rampante de un poder judicial que viola los derechos humanos y el DIH. ”
Condenaron a los comandantes militares de la operación a penas de cárcel de más de treinta años, por delitos que para ese entonces no existían en nuestras leyes; además, fueron caso juzgado con declaratoria de no responsabilidad de parte de la justicia. Sin embargo, y a pesar de las voces que se elevan desde todos los estamentos, comenzando por la del Procurador General de la Nación, quien pide la absolución del general Arias Cabrales y el coronel Plazas Vega, los altos tribunales cometiendo prevaricato, condenan en segunda instancia, o se abstienen de pronunciarse, tal cual está ocurriendo con el recurso de casación interpuesto por la defensa de Plazas, ante la corte suprema; órgano máximo de la justicia que ante la evidencia, tuvo que aceptar tal recurso. De ahí que no entendamos su silencio de más de dos años. Nuestro poder judicial al parecer actúa desde la óptica política con parcialidad evidente. Aberrante también el caso del coronel Mejía, quien pasa de ser héroe, a villano, y fue víctima de un escandaloso falso positivo de la justicia, a instancias de Sergio Jaramillo y de Juan Manuel Santos.
Dado que dentro de las altas cortes deben quedar hombres honrados, Colombia espera que corrijan tantas equivocaciones e injusticias flagrantes; los bandidos amnistiados e indultados ocupan cargos, dictan sentencias, administran, hacen leyes, nos gobiernan, mientras los defensores de la maltrecha soberanía están en la cárcel. En un país en donde los militares actúan tal y como lo hacen, desarrollando exitosas operaciones a pesar de las patrañas de quienes los acusan de delincuentes por el hecho de vestir el uniforme, lo mínimo que se puede esperar es gratitud, justicia, respeto.
Los subversivos de siempre son expertos en la calumnia y la injuria; la subversión es cobarde, y cuando son incapaces de conquistar la voluntad del pueblo, o cuando son incapaces de imponerse por las armas, acuden a la parcialidad de un juez que viola los derechos, y a la pusilanimidad de un gobernante.
Resalto frases, cosa rara de la revista Semana, tan poco afecta a los militares: “con referencia a los casos de los generales Arias Cabrales y Uzcategui, y del coronel Plazas, no existe claridad total sobre su culpabilidad. ¡En todos se ha recurrido a interpretaciones jurídicas, que condenan con base a la deducción, más que en la prueba”.
El Ejército nacional en su condición de pilar de la democracia no baja la guardia, sigue adelante, aún a costa de sacrificios de toda índole. Aunque es evidente que dentro de la tropa hay desmoralización y descontento por la inseguridad jurídica, las injusticias sublevan y tan solo servirán para aumentar la dignidad y el coraje del soldado; quien de hecho proviene del soberano. El soldado colombiano es hijo de su pueblo. Y al pueblo, jueces, se le debe respeto.
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