Falsos testigos e inconsistencias

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El debate por los 11 desaparecidos del Palacio de Justicia no termina. Ante la decisión de la juez Tercera Penal Especializada, María Stella Jara, de condenar al coronel (r) Alfonso Plazas a 30 años de prisión, su defensa prepara la apelación.

Pocas veces en la historia de los fallos judiciales, el país es testigo de reacciones tan encontradas y apasionadas. Treinta años de condena en primera instancia contra el coronel (r) del Ejército Alfonso Plazas Vega, detenido hace tres años, representan un alivio para una porción de la sociedad y al mismo tiempo una frustración para otros tantos.

Once desaparecidos del Palacio de Justicia durante la toma de la guerrilla del M-19, entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, es la responsabilidad que la juez Tercera Penal Especializada, María Stella Jara, le imputa al oficial y, por tanto, es desaparición forzada agravada el delito por el cual merece, según ella, que el coronel cumpla sus 96 años de edad en la cárcel. Plazas era en los días de la toma, el comandante de la Escuela de Caballería (ESCAB).
Esta es una condena que será apelada. Sin embargo, y mientras el momento de un nuevo fallo en segunda instancia se conoce, bien vale desglosar los puntos determinantes con los que la juez Jara sustenta su decisión. No se trata de emitir ningún juicio, sino de hacer una comparación entre la realidad de algunos hechos y lo que tomó en cuenta la juez para definir la condena.

Los antecedentes
Uno de los llamados testigo clave dentro del proceso, considerado así por la juez Tercera y también por la Fiscal Cuarta Delegada ante la Corte Suprema, Ángela María Buitrago, es el señor Édgar Villamizar. Villamizar es un suboficial –cabo segundo- retirado del Ejército y para la época de los hechos estaba en el Batallón Vargas, con sede en Granada, Meta, adscrito a la Séptima Brigada.
Él asegura que el día 5 de noviembre de 1985 fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) con 14 hombres más, desde el Batallón hasta Bogotá para apoyar a las fuerzas del Ejército en la recuperación del Palacio. Villamizar dice, además, que el helicóptero aterrizó en la Escuela de Caballería, que estuvo acompañando las operaciones el día 6 de noviembre, que ese día regresó en la noche a la ESCAB con los demás hombres del Ejército y que reiniciaron actividades el día 7.
“Como a las seis de la tarde nos ordenan retirarnos a descansar y nos alojan en la Escuela de Caballería…Al otro día a las siete de la mañana nos volvimos a desplazar para el Palacio de Justicia”, dice el suboficial.
El cabo segundo agrega que estando en la Escuela vio al Coronel Plazas Vega cuando manifestó abiertamente “cuelguen esos hijueputas”. Según Villamizar, Plazas se refería a los supuestos rehenes que fueron trasladados a la Escuela de Caballería. El suboficial asegura que él mismo fue encargado de la seguridad de dos de ellos, “una señora con falda a cuadros (según él era Irma Franco) y un señor con buzo blanco o beige”. Dice también haber sido testigo de la llegada de tres personas más, una señora y dos hombres.
Villamizar jura que oyó y se dio cuenta de la tortura. En sus propias palabras: “los colgaban de manos, les daban golpes en el estómago, con cables les ponían electricidad en cualquier parte del cuerpo…”. El 8 de noviembre, de acuerdo con lo asegurado por el testigo, abrieron un hueco allí mismo en la Escuela, sacaron un caballo que estaba muerto y ahí pusieron los cuerpos.

Las inconsistencias
Hasta ahí un resumen del testimonio del cabo segundo. El proceso contra el coronel Plazas contiene varios elementos que ante los ojos desprevenidos de cualquier persona interesada en el caso generaría dudas frente a Villamizar como testigo. Hay que tener en cuenta que el suboficial rindió declaración el primero de agosto de 2007 sin que estuviera presente la defensa de Plazas Vega, y lo hizo supuestamente en la Escuela de Caballería. Adicionalmente, dicha declaración no se encontraba decretada por la Fiscalía y en el acta de la diligencia no aparece la fecha en la cual fue recibido el testimonio.
Varias cosas: primero, en la revisión del proceso es clara una inconsistencia con la identidad del testigo. Ese día, primero de agosto, el suboficial declaró con el nombre de Édgar Villarreal (sin segundo apellido) y aseguró que había nacido en Pamplona, Norte de Santander. Al verificar los datos con la cédula que aparece en la declaración, fue posible establecer dos cosas: que el número de cédula que aportó el suboficial corresponde a Édgar Villamizar Espinel, y que nació en Tibú, en el mismo departamento. Y para contribuir aun más con la confusión, la tarjeta dactilar muestra otra inconsistencia, que Villamizar Espinel no nació en Tibú ni Pamplona sino en Cúcuta.

Segundo, el comandante del Grupo Tequendama que controla la guardia y la entrada a la Escuela de Caballería, el teniente coronel Alfredo Espitia Villa, certificó que el día primero de agosto de 2007 no entró ningún suboficial con el apellido de Villarreal ni Villamizar a esa instalación militar. “Se verificó en el libro de minuta de guardia sin que para la fecha mencionada se registre el ingreso del sujeto en mención”, dice el texto. El teniente coronel Javier Alonso Díaz Gómez, comandante de la Escuela de Caballería, declaró que “no se puede determinar con nuestros controles si el sujeto Villamizar ingresó o participó en alguna inspección judicial”.

Frente a lo asegurado por el suboficial Villamizar en relación con los hombres que fueron trasladados en helicópteros de la FAC desde Granada, Meta, a Bogotá, hay varias pruebas aportadas a proceso.
El entonces comandante del Batallón Vargas, Ariel Valdez, quién en la época de los hechos del Palacio de Justicia tenía el grado de teniente coronel, afirmó que el cabo Villamizar nunca salió de Granada a Bogotá porque no existió ninguna orden que determinara el envío de tropas de esa guarnición militar para apoyar las operaciones del Palacio de Justicia. El general José Ignacio Posada Duarte, comandante de la Séptima Brigada los días de la toma, también declaró que no hubo traslado de uniformados a Bogotá.
En el año 2008 la Fuerza Aérea Colombiana, a través del coronel Jorge Tadeo Borbón Hernández, ex comandante del Comando Aéreo de Combate nro. 4 y del mayor general Juan Carlos Ramírez, ex comandante del Grupo de Combate nro.1, certificó durante el proceso que “no reposa información de vuelos realizados el 5, 6 y 7 de noviembre de 1985”.
Respondiendo un derecho de petición, la FAC aclara, además, que en esa época no había helicópteros con capacidad para transportar a 14 personas, como lo afirmó Villamizar, pues la FAC tenía entonces helicópteros B-212 (para 5 tripulantes), VH 1H (para seis tripulantes), y otros que eran de comando (piloto más dos personas). La FAC también certificó que en 1985 no podían aterrizar helicópteros en la Escuela de Caballería.
Otra declaración que desvirtúa lo dicho por Villamizar es la del suboficial Gustavo Alonso Velásquez López, quien sostuvo que Villamizar no pudo ser testigo de nada relacionado con el Palacio de Justicia porque los días de la toma, 6 y 7 de noviembre de 1985, los dos estaban en la enfermería del Batallón Vargas en Granada, Meta. Cuenta Velásquez que él no se podía mover y era el mismo cabo Villamizar quien le llevaba los alimentos. Agrega Velásquez López que juntos vieron por televisión lo que estaba pasando en Bogotá con la toma del Palacio por el M-19.
Esto no es todo. Cuando Villamizar Espinel declaró ese primero de agosto de 2007 bajo juramento, aseguró que su comandante inmediato y quien le dio la orden de alistamiento para viajar a Bogotá a apoyar a la Fuerza Pública era el mayor Jairo Alzate Avendaño. Verificado esto con el archivo del Ministerio de Defensa es posible decir que ese oficial nunca existió en el Ejército Nacional.
Sobre el regreso de las tropas a la Escuela de Caballería el día 6 de noviembre, quien se desempeñaba como oficial de inspección en esa fecha, el coronel Orlando Galindo Cifuentes, asegura que los miembros de esa instalación militar sólo regresaron el día 7 al atardecer. Lo mismo dicen en sus testimonios el entonces segundo comandante de la ESCAB, el coronel Abelardo Gómez Gómez, y el subteniente Marcolino Tamayo Tamayo.
En relación con la supuesta tortura, desaparición y entierro de las cinco personas que según Villamizar Espinel él mismo vio llegar a la Escuela de Caballería, hay otro tanto de pruebas aportadas en contra de esa versión. Durante el proceso fue posible establecer que en la ESCAB no hay restos de seres humanos enterrados y esto se puede verificar con las diligencias de prospección que hizo la propia Fiscalía.
Curioso que siendo Édgar Villamizar Espinel el testigo estrella de la juez Jara y de la fiscal Buitrago no volviera ante los estrados judiciales a rendir declaración, supuestamente porque está amenazado de muerte. El testimonio descrito en este artículo y las condiciones en que se dio fue resultado de su única aparición dentro del proceso de Plazas Vega.

Villamizar vs. Sáenz
Un testigo que fue desestimado por la juez María Stella Jara es Tirso Armando Sáenz Acero. Ese hombre, también cabo del Ejército en la época del asalto al Palacio de Justicia, aseguró durante el proceso algo parecido a lo que dijo Villamizar, que los hombres de la ESCAB durmieron allí la noche del 6 de noviembre de 1985 y regresaron a la zona del operativo el día 7. Sobre Sáenz y la fecha del regreso de las tropas a la Escuela, la misma juez Jara dice lo siguiente en el fallo que condena al coronel Plazas:
“…emerge diáfana la contradicción con la realidad misma que se desprende de la prueba acopiada, puesto que logró acreditarse, como un hecho irrefutable, que fue en la tarde del día siguiente -7 de noviembre- cuando culminó la intervención de la fuerza pública y retornaron al cantón norte los blindados”.
Y concluye la juez: Ello, aunado a las contradicciones e inconsistencias que se evidenciaron al realizar la valoración individual y conjunta de las declaraciones ofrecidas por Tirso Armando Sáenz Acero, hacen imposible tener por ciertas sus afirmaciones; por ello, el juzgado no lo tendrá en cuenta”.
Si las pruebas dejaron claro que las tropas nunca regresaron a la Escuela de Caballería el día 6 como lo señalaron como testigos los cabos Villamizar y Sáenz, ¿por qué la juez Jara desestimó el testimonio de Tirso Sáenz y validó el de Édgar Villamizar?
Este es un país que necesita ver y sentir que los jueces son capaces de impartir justicia, y el asalto al Palacio es ciertamente uno de esos hechos con los que podría sentarse un precedente. En esa medida, un fallo como el de la juez María Stella Jara debería ser diáfano, no generar una sola duda y menos dejar en el aire la sospecha de que detrás de los 30 años de condena hay intereses que superan los de la justicia en su esencia.

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