Carta al Procurador, por Alvaro Valencia Tovar

0
284

En mi doble condición de ciudadano y miembro de la Reserva Activa del Ejército, me dirijo a usted en forma comedida para requerir su atención en torno al proceso, reabierto 20 años después, por los hechos del Palacio de Justicia, ocurridos el 5 de noviembre de 1985, en los que un grupo de 35 terroristas asaltó el Palacio de Justicia que hubo de ser rescatado por el Ejército con orden del presidente Belisario Betancur, a quien pretendía juzgar el M-19.

Lo hago a la luz del Artículo 277, Inciso 7 de la Constitución que usted y yo juramos cumplir y defender, que faculta al Ministerio Público para “Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico o de las garantías y derechos fundamentales”. Teniendo en cuenta que el Defensor del Pueblo forma parte del Ministerio Público dignamente dirigido por usted, esta respetuosa solicitud también le incumbe a él. No sobra recordarlo, porque a veces parece que los militares colombianos no fueran también pueblo, necesitado de defensa contra la injusticia y el aprobio.
En mi Clepsidra precedente enumeré lo ocurrido en el Palacio de Justicia el 5 de noviembre. Se adelantaron entonces las investigaciones de las Justicias penales militar y ordinaria, así como las que emprendieron los organismos de control por su propia cuenta. Todas coincidieron en que no cabía responsabilidad alguna, ni penal ni disciplinaria, del Ejército aclamado por la nación como salvador de la República y por los bogotanos en la mañana del 6, cuando regresaban a sus cuarteles las unidades que cumplieron la orden presidencial.
No fui partidario de reabrir el proceso, ni menos que esto se hiciera unilateralmente contra el Ejército, en cabeza de los comandantes de las tropas que ejecutaron el rescate, marginando a los jefes que ordenaron el asalto sangriento que inició la tragedia. Veinte años son mucho tiempo. Testigos claves ya no existen. No es posible practicar muchas pruebas. Los recuerdos se desvanecen. Nuevos testigos salidos Dios sabe de dónde con testimonios inveraces o contradictorios, como el suboficial con apellido cambiado, que el día de autos pertenecía a una unidad distinta a las participantes, fuera de Bogotá. Además, bien sabemos el origen de las presiones que lograron la apertura unilateral.
No tengo el menor interés de que se vincule a los jefes del M-19 a este proceso espurio. Sería agregar una injusticia a otra. Menos aún habiendo sido yo quien halló las posibilidades de paz con el Eme, su desmovilización y desarme. Una columna mía abrió la vía para una serie de visitas al “campamento revolucionario” en Santo Domingo (Cauca), autorizadas por el Ministerio de Defensa del presidente Barco. Sentadas las premisas para un arreglo, entregué las riendas del diálogo al Alto Comisionado de Paz del gobierno Barco, pero proseguí a su disposición hasta la concertación de la paz con reinserción en la sociedad.
No entro en detalle sobre las graves fallas cometidas. Usted, con su reconocida perspicacia y vasta experiencia, las hallará, comenzando por la reapertura de una Cosa Juzgada. Mal podía invocarse el delito de lesa humanidad que no prescribe, porque el delito de desaparición forzada no existía en 1985. Pese a ello se invocó, desconociendo el principio universal Nui crimen sine legge. No puede hacer delito si no hay ley que lo contemple. Es fácil advertir a lo largo del nuevo expediente los exabruptos que suceden al acto inicial. Actuaciones que destilan la animadversión rayana en odio y sadismo contra el Ejército y los militares, como negar al Coronel Plazas Vega permiso para visitar a su padre en agonía y días después para asistir a sus exequias como oficial superior en retiro del Ejército. O la escena entre bárbara y grotesca de sacar del Hospital Militar a viva fuerza y en la noche para conducirlo a una cárcel común con guardas del Inpec.
Confío en su favorable acogida a esta petición, que en dos oficiales de brillantes carreras militares defienden a la institución que ha hecho posible el rescate del territorio y de las vías sometidos al terror y el secuestro: General Armando Arias Cabrales y Coronel Alfonso Plazas Vega. Mil gracias.
alvatov2@yahoo.com
Álvaro Valencia Tovar

Lo hago a la luz del Artículo 277, Inciso 7 de la Constitución que usted y yo juramos cumplir y defender, que faculta al Ministerio Público para “Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales, cuando sea necesario, en defensa del orden jurídico o de las garantías y derechos fundamentales”. Teniendo en cuenta que el Defensor del Pueblo forma parte del Ministerio Público dignamente dirigido por usted, esta respetuosa solicitud también le incumbe a él. No sobra recordarlo, porque a veces parece que los militares colombianos no fueran también pueblo, necesitado de defensa contra la injusticia y el aprobio.

En mi Clepsidra precedente enumeré lo ocurrido en el Palacio de Justicia el 5 de noviembre. Se adelantaron entonces las investigaciones de las Justicias penales militar y ordinaria, así como las que emprendieron los organismos de control por su propia cuenta. Todas coincidieron en que no cabía responsabilidad alguna, ni penal ni disciplinaria, del Ejército aclamado por la nación como salvador de la República y por los bogotanos en la mañana del 6, cuando regresaban a sus cuarteles las unidades que cumplieron la orden presidencial.

No fui partidario de reabrir el proceso, ni menos que esto se hiciera unilateralmente contra el Ejército, en cabeza de los comandantes de las tropas que ejecutaron el rescate, marginando a los jefes que ordenaron el asalto sangriento que inició la tragedia. Veinte años son mucho tiempo. Testigos claves ya no existen. No es posible practicar muchas pruebas. Los recuerdos se desvanecen. Nuevos testigos salidos Dios sabe de dónde con testimonios inveraces o contradictorios, como el suboficial con apellido cambiado, que el día de autos pertenecía a una unidad distinta a las participantes, fuera de Bogotá. Además, bien sabemos el origen de las presiones que lograron la apertura unilateral.

No tengo el menor interés de que se vincule a los jefes del M-19 a este proceso espurio. Sería agregar una injusticia a otra. Menos aún habiendo sido yo quien halló las posibilidades de paz con el Eme, su desmovilización y desarme. Una columna mía abrió la vía para una serie de visitas al “campamento revolucionario” en Santo Domingo (Cauca), autorizadas por el Ministerio de Defensa del presidente Barco. Sentadas las premisas para un arreglo, entregué las riendas del diálogo al Alto Comisionado de Paz del gobierno Barco, pero proseguí a su disposición hasta la concertación de la paz con reinserción en la sociedad.

No entro en detalle sobre las graves fallas cometidas. Usted, con su reconocida perspicacia y vasta experiencia, las hallará, comenzando por la reapertura de una Cosa Juzgada. Mal podía invocarse el delito de lesa humanidad que no prescribe, porque el delito de desaparición forzada no existía en 1985. Pese a ello se invocó, desconociendo el principio universal Nui crimen sine legge. No puede hacer delito si no hay ley que lo contemple. Es fácil advertir a lo largo del nuevo expediente los exabruptos que suceden al acto inicial. Actuaciones que destilan la animadversión rayana en odio y sadismo contra el Ejército y los militares, como negar al Coronel Plazas Vega permiso para visitar a su padre en agonía y días después para asistir a sus exequias como oficial superior en retiro del Ejército. O la escena entre bárbara y grotesca de sacar del Hospital Militar a viva fuerza y en la noche para conducirlo a una cárcel común con guardas del Inpec.

Confío en su favorable acogida a esta petición, que en dos oficiales de brillantes carreras militares defienden a la institución que ha hecho posible el rescate del territorio y de las vías sometidos al terror y el secuestro: General Armando Arias Cabrales y Coronel Alfonso Plazas Vega. Mil gracias.
alvatov2@yahoo.com

Álvaro Valencia Tovar

Fuente: El Tiempo

Dejar respuesta