Plazas es victima de una conjura, por Plinio Apuleyo

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El Coronel Alfonso Plazas Víctima De Una Conjura

¿Sería posible o siquiera imaginable que algo más de 20 años después de su proeza, los heroicos protagonistas de la ‘Operación Jaque’ fuesen detenidos como consecuencia de una tardía y exótica inculpación? Pues bien, algo equivalente le ha sucedido al coronel Alfonso Plazas Vega… Por: Plinio Apuleyo Mendoza Fuente: Diario El Tiempo Agosto 16 de 2008.

cuyo caso revivo hoy a la sombra de una reciente apelación suya ante el Tribunal Superior de Bogotá. Visto como un héroe cuando irrumpió a bordo de un tanque en el Palacio de Justicia tomado por el M19 y liberó a 246 rehenes, el coronel, convertido ahora en villano, hace un año que está privado de libertad, acusado sin prueba alguna de un delito entonces inexistente: secuestro agravado y desaparición forzada.

¿De quienes provienen tales inculpaciones? De dos individuos que nunca estuvieron bajo su mando y nada tenían que hacer aquel día en el Palacio de Justicia. Pese a ello, uno de esos testimonios fue tomado como revelación por una descarriada fiscal y desde luego por ex miembros del M19, cuando debería ser visto como una desechable basura por quien lo examine de cerca con objetividad y rigor.

El primer testimonio corrió por cuenta de un individuo llamado Ricardo Gámez Mazuera. Registrada su declaración en una notaría de Bogotá en 1989, fue descartada por la Procuraduría de entonces al descubrir su fragilidad y el perfil sospechoso del denunciante. Desertor de la Policía en 1979, con malos antecedentes como culpable de robo y estafas, Gámez Mazuera se hacía pasar a veces por oficial de inteligencia. Lo guió en su denuncia nadie menos que el padre Javier Giraldo, campeón de denuncias contra los militares, quien con sus amigos obtuvo que Gámez Mazuera viajara primero a São Paulo y luego a Alemania a fin de propagar lo desechado por la Procuraduría en toda clase de foros y ruedas de prensa. Tras 16 años de silencio, en el 2006 volvió a reencaucharlas en Bruselas y tuvo la suerte de que merecieran carátula de la revista Semana (a la que le metieron un auténtico gol).

El segundo testimonio contra Plazas, igualmente deleznable, es de un antiguo cabo del Ejército que usa los nombres de Édgar Villamizar y Édgar Villarreal (uno verdadero y otro falso) y que por arte de magia apareció 22 años después de los sucesos con su denuncia, dizque abrumado por sentimientos de culpa. Nunca estuvo a órdenes de Plazas y el día de la toma del Palacio de Justicia se hallaba en Villavicencio (ahora dice que fue traído de allí en un helicóptero militar). ¿Pruebas aportadas? Ninguna.

¿Cómo es posible que testimonios sin pruebas permitan la detención de un militar intachable 22 años después de lo sucedido? A mi modo de ver, tres factores los favorecen: el empeño vindicativo de antiguos M19 hoy convertidos en honorables senadores, el afán de primicia de medios de comunicación que dan acústica a cualquier denuncia sin analizarla, y ahora la obligación impuesta al Estado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de pagar millonarias indemnizaciones a los familiares de muertos o desaparecidos por culpa de sus agentes. Con una perspectiva tan suculenta, un colectivo de abogados cercano al partido comunista ha decidido que los desaparecidos no son los muertos cuyos cadáveres calcinados no permitieron identificación alguna, como lo determinó el respetado Tribunal Especial que en 1986 rindió informe a la Corte Suprema de Justicia sobre lo acontecido, sino gentes asesinadas por los militares.

Sólo el caso de la guerrillera Irma Franco parece configurar dicha denuncia.

Nada tuvo que ver con ella el coronel Plazas. Rescatada por tropas de la Escuela de Artillería, enviada a la Casa del Florero y luego a un organismo de inteligencia militar, posiblemente la Coici, nunca se supo más de ella.

Su hermano Jorge Franco tiene razón en pedir que se investigue y se sancione a los culpables de esta desaparición. Pero justos no pueden pagar por pecadores. La detención de Alfonso Plazas es tan injusta como la de Álvaro Araújo y otras cuantas. ¿Tenemos una justicia ligera o peligrosamente zurda? Me temo que sí

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