Palacio de Justicia, otra vez – por Rafael Nieto

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Esta semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos publicó su decisión sobre el caso de los “desaparecidos del Palacio de Justicia”. La Corte condena a Colombia por once desapariciones y cuatro casos de tortura.

Fui abogado del Estado en su primera etapa frente a la Corte y renuncié a la defensa por diferencias de fondo sobre la manera en que debía encararse el caso en las etapas siguientes. Hecha esa precisión, creo pertinente hacer un resumen de algunas de las lecciones que deja el caso para el país:

Es indispensable que haya una defensa coherente y unificada desde el inicio de los casos en la Comisión Interamericana hasta que llegan a la Corte IDH. Las decisiones de la Corte se toman no solo con base en lo que el Estado dice frente a ella sino con lo que ha dicho antes en la etapa de la Comisión. Hoy la Cancillería maneja a su leal saber y entender la etapa en la Comisión y la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado la de la Corte. Con frecuencia hay diferencias importantes en estrategia y contenido.

El Estado debe unificar su posición en los casos controversiales tan pronto como ellos se presentan en la Comisión y actuar sistemática y coherentemente de acuerdo con lo que se defina. En el caso del Palacio las discusiones políticas y jurídicas al interior del Gobierno fueron muy agudas e interminables y no alcanzaron un acuerdo. El Presidente tampoco tomó una decisión.

Las decisiones del Estado deben tomarse sin que se contaminen por las posiciones subjetivas y emocionales de algunos de sus miembros. La Ministra de Justicia de entonces, por ejemplo, pretendió que se cambiara la posición de defensa del Estado y que se reconocieran todas las desapariciones porque, según dijo, la defensa iba en contravía de las decisiones del Consejo de Estado, del cual ella había sido parte antes de llegar al Gobierno. Que, entre otras cosas, semejante posición partiera de confundir la responsabilidad administrativa con la internacional por violaciones a la Convención Americana de Derechos Humanos, que tuviera como consecuencia que el país tendría que pagar millonarias sumas en innumerables casos diferentes al del Palacio y que altos funcionarios de la Rama Judicial también le explicaran los errores de su posición, no fueron suficientes para que cambiara de opinión.

A la Agencia, como último recurso, no le quedó sino constituir una comisión externa, por cierto con muy buenos especialistas en sus áreas respectivas, pero apenas uno internacionalista y experto en derechos humanos.

Tengo clarísimo que un nuevo abogado maneja un caso a su leal saber y entender. Pero la consecuencia de los cambios fue desmontar la defensa que el Estado había hecho durante más de 20 años y renunciar a más de una docena de testimonios e informes de peritos que se tenían para ello. Es posible que esos cambios no hubieran afectado la decisión de la Corte, proclive a fallar en contra de los Estados y a favor de las pretensiones de las oenegés y la Comisión, pero estoy convencido de que había en esos testimonios y peritos información a favor del Estado que la Corte IDH no pudo considerar.

No cabe duda de que el sistema judicial colombiano ha actuado negligentemente en este caso. Es inaceptable que, casi treinta años después de los hechos, no haya sentencias en firme sobre lo que ocurrió realmente con aquellos que salieron con vida del Palacio.

Las sentencias existentes son contradictorias y han reducido, por ejemplo, de once a dos las desapariciones en un caso, y a cuatro, en otro. Esas sentencias bien pueden caerse, además, en la Corte Suprema de Justicia. La Corte IDH escogió arbitrariamente algunas “pruebas” de esos casos y no hubiera podido hacerlo si hubiese sentencias en firme.

Ojalá que la Sala Penal de la Corte Suprema no se deje afectar por la decisión de la Corte IDH y tenga el carácter para tomar decisiones en esos casos con base en lo que hay en los respectivos expedientes.

Por último, en manos de la Fiscalía siguen sin identificar más cadáveres retirados del Palacio de Justicia que los de los supuestos desaparecidos. En un ejercicio previo, ya se identificó a una, Ana Castiblanco. Hasta que no se hagan a plenitud las otras identificaciones no será posible sostener que entre esos cadáveres no están los de otros.

 

 

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