Las Pilatunas del M-19

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En 1989, el coronel Alfonso Plazas Vega viajó a España, donde adelantó un curso de Estado Mayor. Todo indicaba que en poco tiempo sería ascendido a brigadier general. Su carrera militar parecía imparable. Por: Ernesto YamhureFuente: El Espectador -Marzo 1 de 2008

El coronel no sabía que mientras estudiaba en la Madre Patria, un ex auxiliar de policía, de apellido Gámez Mazuera, debidamente adoctrinado por el cura Javier Giraldo y el Colectivo José Alvear Restrepo —bufete dedicado a la defensa de los terroristas de la guerrilla—, se presentó en la Procuraduría General de la Nación con el fin de formular tremenda acusación en contra suya. En carta radicada el 1° de agosto de 1989, el dicho individuo acusó al oficial y a otros miembros de las FF.MM de haber cometido una serie de crímenes contra los desaparecidos del Palacio de Justicia.

Durante la investigación, el Ministerio Público pudo determinar que Gámez Mazuera no podía ser testigo de lo que decía, pues para la fecha de la toma del Palacio de Justicia no pertenecía a ningún organismo de seguridad del Estado. De hecho, este sujeto fue expulsado de la Policía en 1979 por haber incurrido en el delito de deserción. Nueve meses después de formulada la denuncia, la Procuraduría archivó la investigación por considerar que “la queja del señor Ricardo Gámez Mazuera contra personal militar carece de todo fundamento”.

Pasados 17 años, la fiscal Ángela María Buitrago, por solicitud del Colectivo Alvear Restrepo, reabrió la investigación contra Plazas Vega, basada en la desestimada denuncia de Gámez Mazuera y pasando por alto que en 1986 el Tribunal Especial de Instrucción concluyó que “los integrantes del M-19 son los únicos y exclusivos responsables del ataque y ocupación del Palacio de Justicia”.

En medio de la investigación, surgió un nuevo “testigo”. Se trata de un cabo que se presentó con el nombre de Édgar Villarreal, con cédula número 13.452.278 de Cúcuta. Investigadas las bases de datos del Ejército, se concluyó que no existe ningún suboficial con ese nombre. Aparece en los registros un cabo que se llama Édgar Villamizar, portador de una cédula de ciudadanía con igual nomenclatura y lugar de expedición. Cuando la fiscal le ordenó que compareciera ante su despacho para ampliar su declaración, éste se negó. Llama la atención que la señora fiscal no le hubiera ordenado a la Policía, teniendo en cuenta la magnitud de este caso, la conducción del “testigo”.

Hace unos meses, Gustavo Petro me envió un correo electrónico en el que se describía a sí mismo como un arcángel que no hizo nada malo durante su militancia terrorista. Mintió el desmovilizado congresista, quien parece haber olvidado, y gustosamente le recordamos, que el 31 de enero de 1985, el juez de instrucción criminal Uriel Amaya, en el caso del Palacio de Justicia, profirió resolución acusatoria en contra suya, de Navarro, Vera Grabe, Rosemberg Pabón y otros, por los delitos de rebelión, homicidio, tentativa de homicidio, secuestro y falsedad, ordenando “medida de aseguramiento consistente en detención preventiva”.

Para despejar dudas, el 15 de mayo de 1992 un juez sin rostro —expediente 4119— acusó a Petro, Navarro y demás miembros de su criminal pandilla por los delitos de terrorismo e incendio.

Colombia hizo la paz con los terroristas del M-19 y, en virtud de ese acuerdo, hubo que amnistiar e indultar a sus miembros. Ya lo dijeron los más altos jueces de la República: son ellos los únicos responsables de los horrendos hechos del Palacio de Justicia. Y esos fallos, pasados por alto a la hora de formular acusación contra el coronel Alfonso Plazas Vega, un verdadero héroe de la Patria, de seguro tendrán que ser tenidos en cuenta por el juez al que le corresponda impartir justicia.

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