El proceso del Coronel Plazas Vega ofusca a sus detractores

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Desde hace varios meses la prensa anuncia que “en cuestión de días” la justicia  dictará su veredicto en el proceso del Coronel Plazas Vega, por el cual él está detenido desde hace dos  años y medio. Pero los días y las semanas pasan y el tal veredicto no llega. ¿Qué explica esa demora? Un hecho parece evidente:   las “pruebas” que  la instrucción había recogido contra él, desde 2005, se derrumbaron.  No hay pruebas, ni evidencia alguna, de que el Coronel Plazas Vega haya cometido los delitos que le reprochan. En esas condiciones, la juez María Stella Jara Gutiérrez no encuentra en qué basar una condena pero, al mismo tiempo, fuertes presiones se ejercen contra ella, probablemente, para que no lo absuelva.

Nadie ignora que los tres “testimonios” acusatorios contra el Coronel resultaron ser falsos. Algunos de éstos habían sido producidos a cambio de promesas de dinero y de beneficios procesales a delincuentes. Las maniobras de última hora contra el Coronel, como el hallazgo de un supuesto “informe” del Departamento de Estado, resultó ser una mentira ridícula: el tal “informe” eran sólo las afirmaciones interesadas de unos activistas.

El Coronel Plazas ha sido acusado del “secuestro y desaparición forzada” de 11 personas que se encontraban el 6 de noviembre de 1985 cuando los terroristas asaltaron el palacio de Justicia. En Derecho esos delitos se excluyen el uno al otro. Sin embargo, la fiscal  pretende hacerlos coexistir en ese expediente. En realidad, el Coronel Plazas rescató con vida a 244 rehenes, de los 350 que el M-19 había hecho  en el cruento episodio del Palacio de Justicia y él contribuyó de manera central a la derrota de los asaltantes. Pero el nunca se ocupó de interrogatorios, ni de detenciones. Su misión fue, exclusivamente, de combate.

Hay, por otra parte, grandes dudas acerca de los “desaparecidos”. La investigación ordenada por la Corte Suprema de Justicia, realizada en 1986 por el Tribunal Especial de Instrucción (TEI), integrado por dos magistrados principales,  diez jueces especiales y más de treinta jueces auxiliares, concluyó que  “existe prueba suficiente en el sumario  para concluir que las personas consideradas como los desaparecidos de la cafetería fallecieron en el cuarto piso a donde fueron conducidos  como rehenes  en los primeros momentos  de los sucesos.” Un grupo ultra calcinado de esos cuerpos no pudo ser identificado. Los magistrados estimaron que “los cuerpos encontrados no identificados coinciden con el número de cadáveres que nunca llegaron a sus familias”. El TEI reiteró que “no ha sido denunciada otra desaparición por o durante  estos sucesos con lo cual se acrecienta la convicción de que los llamados desaparecidos perecieron en el holocausto.”

En estos últimos veinte años, nadie ha podido probar que alguno de los desaparecidos de la cafetería salió vivo del palacio: ninguno de los rehenes liberados los vio entre los que salieron. Tampoco las imágenes registradas a la salida del Palacio los muestran. El Informe del TEI dice: “En las películas que con notable minuciosidad se tomaron sobre la salida de liberados, no aparece ninguno de los empleados o visitantes vinculados a la cafetería.” Por eso se puede afirmar que, como estimó el TEI, los llamados desaparecidos perecieron en el incendio.

Empero, Ángela María Buitrago, bautizada por la prensa como “la fiscal de hierro”, y Jorge Molano, abogado que dice representar las familias de los desaparecidos, rechazan la investigación del TEI y tratan de imponer otra versión: que ocho de los “desaparecidos” salieron vivos y que después fueron “asesinados” por los militares. Pero tal afirmación no ha sido probada.

Hace unos meses se descubrió un hecho importante: por orden de la Fiscalía, los restos de 63 “conjuntos óseos” de los desaparecidos habían sido trasladados discretamente el 16 de abril de 1998 de una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá a la Fiscalía y de allí al laboratorio de Antropología de la Universidad Nacional de Bogotá donde expertos tratan, desde entonces, de darles una identificación. El director de ese instituto, José Vicente Rodríguez Cuenca, quien había negado, en octubre de 2008, que allí hubiera restos de los citados desaparecidos, admitió, en febrero de 2010, que  una parte de los restos analizados si correspondían a los tales desaparecidos.[i]. Según Rodríguez, su laboratorio identificó 13 de los muertos: 11 guerrilleros, un civil, René Francisco Acuña, y un magistrado, Pedro Elías Serrano Abadía. Tal descubrimiento confirmó, en todo caso, lo que decía el TEI. Por otra parte, el informe de la llamada “comisión de la verdad”, de la Corte Suprema de Justicia, divulgado el  17 de diciembre de 2009, afirma que el cuerpo de otra persona que figuraba en la lista de desaparecidos de la cafetería, Norma Constanza Esguerra, había sido entregado por error a la familia de Pedro Elías Serrano Abadía, en 1985. El profesor Rodríguez estima que no se ha podido establecer cuantas personas murieron por el asalto al Palacio de Justicia, pues unas fuentes judiciales hablan de 94 (23 de ellos no identificados), y otras de 95, cuando las licencias de inhumación fueron 104.

Por muchas razones se puede decir que el proceso del Coronel Plazas no ha sido imparcial y que la instrucción está lejos de ser clara. Las normas del derecho colombiano e internacional fueron burladas y se aplicaron reglas y métodos obscuros que son la negación del derecho y que en cualquier país democrático habrían llevado a la anulación de lo actuado.

El Coronel Plazas fue vinculado al proceso el 3 de febrero de 2007 pero no le dijeron de qué lo acusaban. Después lo acusaron del secuestro y desaparición de tres personas[ii]. El 12 de junio de 2007, fue arrestado. La acusación cambió. Esta vez se trataba de 11 secuestrados y desaparecidos. Pero no lo interrogaron al respecto, ni él  pudo refutar los cargos. Ninguna de las nulidades invocadas por la defensa fue admitida. El 25 de julio de 2008, la juez María Claudia Merchán fue substituida. Otro juez, Alejandro Pinilla,  actuó en una sola audiencia. Una tercera juez, María Stella Jara Gutiérrez, actúa desde entonces. La Fiscal invocó contra Plazas un documento falso, atribuido a él pero que él no redactó ni firmó.

La fiscal trajo a cuento la acusación de un individuo, Ricardo Gámez Mazuera, producida a escondidas y la víspera de que éste huyera al Brasil. Después surgió la declaración de otro curioso testigo: de alguien que se hizo llamar Edgar Villarreal. Su nombre verdadero era Edgar Villamizar. El no estuvo ni pudo estar en los hechos del palacio de justicia pues testigos probaron que en 1985  él se hallaba en Granada, Meta [iii]. Villamizar, además, nunca se presentó al juzgado y produjo su “testimonio” en la Escuela de Caballería de Bogotá, sin que la defensa, ni la Procuraduría, fueran informadas. El hombre, además,  trabajaba con el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), un órgano  de la Fiscalía General, organismo que investiga a Plazas. ¿Cómo se le pudo haber dado a esa persona el estatuto de “testigo”?

En vista  de tal cúmulo de contradicciones, y de la “insuficiente solidez de los testimonios” utilizados por la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación pidió, el 17 de septiembre de 2009, la absolución del coronel Plazas Vega. Para la Procuraduría, “no existe ninguna prueba sobre la implicación  del coronel Plazas en este asunto”.

Desde el comienzo, ese proceso fue anómalo: jurisdicción errada, inculpación arbitraria, acusaciones sin prueba, pruebas sin respaldo, instrucción únicamente acusatoria y desechando lo que podía disculpar al acusado, pruebas practicadas a espaldas de la defensa, rechazo sistemático de las peticiones de nulidad de la defensa, preferencia de la fiscal por la parte que dice representar a los desaparecidos, trato hostil contra la defensa, provocaciones callejeras contra el acusado y sus defensores, traslado violento e ilegal del detenido, en la noche del 20 de agosto de 2009, del Hospital Militar de Bogotá a la cárcel de la Picota, donde Plazas Vega podría ser asesinado. Esos tres años de atropellos morales y materiales deterioraron la salud del militar quien se halla hoy sumido en una grave depresión nerviosa.

La inocencia del Coronel Plazas Vega ofusca a sus detractores, el Colectivo de Abogados Alvear Restrepo, pues ellos, negando la realidad, no lo ven sino como culpable. Maniobran para que sea condenado pues lo han hecho detener. Lo hicieron detener pues necesitaban un pretexto para abrir un proceso y sembrar el miedo y la confusión en la opinión y en  las fuerzas militares para continuar así, de cierta manera, en los estrados judiciales, la obra destructora y criminal de quienes intentaron demoler, a sangre y fuego, el poder judicial y el poder ejecutivo colombiano con el asalto del M-19 del 6 y 7 de noviembre de 1985.

Fuente: Blog Colombian News

Notas

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[i] Se trata de René Francisco Acuña, empleado de almacenes Valher, identificado hace algunas semanas por la Fiscalía. También figuran William Almonacid, Diógenes Benavides Martinelli (ciudadano panameño), Orlando Chaparro Vélez, Elkin de Jesús Quiceno, Jesús Antonio Rueda Velasco, Dora Torres Sanabria y Edison Zapata Vásquez, algunos de los cuales eran guerrilleros del M-19 que participaron en el asalto del Palacio de Justicia. El profesor Rodríguez  considera que “el juzgado segundo especializado de Bogotá debe emitir las respectivas actas de defunción”. Ver el artículo de Ricardo Ospina en la página web de Radio Caracol, Bogotá, del 24 de febrero de 2010. Por otra parte, los restos exhumados de otra persona, Ana Rosa Castiblanco, fueron identificados y entregados a su familia en 2001. El informe del profesor Rodríguez afirma que los despojos de Fabio Becerra Correa, uno de los guerrilleros que participó en el asalto, fueron entregados a sus familiares el 5 de diciembre de 2005.

[ii]  Esas personas eran: el administrador de la cafetería del Palacio de Justicia, la cajera de la misma, Cristina Guarín y la guerrillera del M-19 Irma Franco.

[iii]  Villamizar dijo que él había sido trasladado para participar en la defensa del palacio de Justicia y que había visto que los militares, en la Escuela de Caballería, habían  torturado y matado civiles  que salieron del Palacio. Sin embargo, varios militares atestiguaron que Villamizar nunca fue enviado a Bogotá. El soldado Gustavo Velázquez, del mismo batallón de Villamizar, así lo reveló y el mayor Ariel Valdés Gil, comandante del batallón donde estaba Villamizar, declaró a la prensa: “Yo no ordené ningún tipo de operación de apoyo a las actividades que se realizaban en Bogotá en esa época”. (Ver el artículo de Daniel Coronell, Revista Semana, 16 de febrero de 2008).

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