La Sentencia del Palacio de Justicia y el Derecho Penal

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Conclusiones del Panel “La Sentencia del Palacio de Justicia y el Derecho Penal”, organizado por el Departamento de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, que contó con la presencia de invitados especiales, destacados profesionales de las ciencias jurídicas y estudiantes.
 
Bogotá. Noviembre 18 de 2010. Para algunos juristas la sentencia mediante la cual se condenó a 30 años de prisión al Coronel Retirado del Ejército, Alfonso Plazas Vega, por la desaparición de once personas en la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, adolece de graves defectos de motivación. Además, no está muy claro que hubiesen existido delitos de lesa humanidad y tampoco está demostrada la presencia de un verdadero aparato criminal organizado de poder cuando se examina la actuación de las fuerzas del orden en esos hechos.

 
Las anteriores consideraciones fueron expuestas durante el Panel “La Sentencia del Palacio de Justicia y el Derecho Penal”, organizado por el Departamento de Derecho Penal de la Escuela de Derecho de la Universidad Sergio Arboleda, que contó con la presencia de invitados especiales, destacados profesionales de las ciencias jurídicas y estudiantes.
 
El Rector de la Universidad, el Dr. Rodrigo Noguera Calderón, recordó que hace 25 años ocurrió uno de los más difíciles episodios de la vida nacional que sembró el terror por doquier y que la justicia penal no investigó durante años. La convocatoria a este panel ha sido propiciada para hacer un análisis de los problemas que aparecen alrededor de la sentencia, temas álgidos que merecen ser pensados, analizados.
 
Afirmó que el Derecho penal en Colombia atraviesa hoy un alto grado de postración y que ello requiere de un examen de muy hondo calado. Por eso es importante que la Universidad haga una convocatoria como esta que busca hacer un debate puramente académico, donde estos temas se debatan. Finalmente, sostuvo que el país está urgido de una verdadera reconciliación entre todos los colombianos.
 
El Profesor Ricardo Posada Maya, Director del Área Penal de la Universidad de los Andes, señaló que el asunto en examen es muy complejo, de alta sensibilidad; así mismo, a lo largo de su intervención hizo énfasis en qué para poder predicar que un delito es de lesa humanidad se deben respetar unos pilares muy claros que ha construido el Derecho internacional. Señaló que los tratados internacionales en ningún caso pueden reemplazar el Código Penal Nacional. Dijo que sus opiniones las expresa a título personal y que no comprometen a la Universidad de los Andes; sostuvo, en fin, que no ve claro que en los hechos del Palacio de Justicia se hubiesen configurado delitos de lesa humanidad.
 
El Director del Departamento de derecho Penal de la Universidad Sergio Arboleda, el Profesor Fernando Velásquez, destacó que no está demostrada la presencia de un verdadero aparato criminal organizado de poder al referirse a la acción de las autoridades; cosa distinta, sin embargo, sucede con el grupo terrorista que propició la toma del Palacio. Este aparato, dijo,  no se arma en dos días como se pretende en la sentencia examinada. Hizo observaciones en torno a la confusión que aparece en la decisión entre autoría mediata y coautoría y, además, sostuvo que al Coronel retirado Plazas Vega no se le puede dar el tratamiento de autor mediato porque no se dan los presupuestos para ello. Abogó por la importancia que tiene para el país establecer la verdad y que se busque la justicia pero, advirtió, ello no se puede hacer a cualquier precio.
 
Habló también el Presidente de la Asociación Nacional de Profesores de Derecho Penal y Ciencias Penales, Jaime Enrique Granados Peña, quien empezó por advertir que no intervenía en el panel en esa calidad sino en la de Defensor del imputado; a continuación, hizo un recuento de los acontecimientos ocurridos los días 6 y siete de noviembre de 1985, y reiteró que no hay una pruebas en derecho que puedan incriminar a su pupilo. Las pruebas esgrimidas se basan en las declaraciones de dos testigos, “totalmente contradictorias” y en la supuesta transcripción de una grabación cuyo casete nunca apareció.
 
Para Granados Peña, entre los treinta y seis cadáveres encontrados calcinados en el Palacio de Justicia hay nueve sin identificar que pueden ser los de los desaparecidos, pero en este tema la investigación no ha avanzado. Según dijo, hay intereses muy claros para que no aparezcan los cadáveres. Destacó cómo un caso tan importante para la vida institucional del país, no se puede construir sobre la injusticia; por ello, la tarea es el descubrimiento de la verdad.
 
Para el Profesor Christian Wolfhügel, investigador de la Universidad Sergio arboleda, este grave episodio lamentable debe ser mirado bajo la lupa del Derecho Penal. Mostró como la sentencia en examen reconoce que, para la época de los hechos, no estaba tipificada como delito la desaparición forzada de personas y, por ende, no hacía parte del código de las penas. Por ello, imputarle al condenado ese delito es violentar el principio de legalidad que prohíbe la aplicación retroactiva de la ley penal en disfavor del reo.
 
Finalmente, intervino Kai Ambos, Profesor de Derecho Procesal Penal, de Derecho Comparado, de Derecho Penal Europeo e Internacional de la Universidad Georg August de Göttingen, Alemania, además juez estatal, quien destacó como un mérito el hecho de que la Universidad Sergio Arboleda, hubiese convocado a la discusión de esta sentencia. El jurista defendió la actuación de la juez pero aclaró que “no puedo decir si la sentencia es o no correcta”; así mismo, señaló que no puede entrar en discusiones con el abogado Granados, mucho más cuando en el escenario faltan el fiscal y la juez. Por eso, advirtió, “aquí la única persona que sabe de los hechos es él”.
 
Al referirse a la juez que profirió la sentencia señaló que se encuentra en su país “no porque le guste el frío”, sino porque ha recibido graves amenazas contra su vida. Reveló que por estos días se publicará, en la más importante Revista de los Jueces de Alemania, un documento de doce páginas referente a lo sucedido con la juez que profirió el fallo. Recordó que en el Palacio de Justicia hubo atrocidades por parte del Ejército y eso nadie lo puede discutir.
 
Para el Profesor Ambos, no es comprensible que todos los panelistas critiquen la sentencia y digan que adolece de muchas fallas, de deficiencias, y olviden que en Colombia todas las sentencias tienen graves falencias técnicas.
 
Para el jurista alemán, en fin, el hecho de que se hayan producido amenazas contra la vida de la juez y que ella no pueda continuar ejerciendo sus funciones, demuestra que algo grave pasa en el país. En una sociedad civilizada, advirtió, nadie tiene derecho a amenazar a otro.

 

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