Con Plinio Apuleyo, Alfonso Plazas Vega explica por qué deja su exilio voluntario en Miami para lanzarse al Senado.

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Por: Plinio Apuleyo Mendoza
18 de enero 2018 , 01:00 p.m.

La vida de Alfonso Plazas Vega serviría de tema para una apasionante novela, cuyo punto crucial se ubicaría el 6 de noviembre de 1985, cuando, corriendo todos los riesgos, liberó el Palacio de Justicia que había sido asaltado por el M-19. Veinte años después, este y otros momentos relumbrantes de su carrera militar fueron quebrados por oscuras sindicaciones que le impusieron, cuando menos lo esperaba, una condena de treinta años de cárcel. Finalmente, después de más de ocho años de reclusión en la Escuela de Infantería de Bogotá, quedó en libertad cuando la Corte Suprema de Justicia reconoció su inocencia.

Su carrera militar tuvo momentos relucientes. Muy joven, alcanzó el grado de teniente coronel después de realizar el curso de comando y estado mayor en Colombia y también en Fort Leavenworth (Kansas). Nombrado comandante de la Escuela de Caballería, sus primeras tareas tuvieron como escenario las provincias de Rionegro en Cundinamarca, donde ejerció un activo control público en zonas rurales y se ocupó de fundar una de las primeras bases militares con soldados campesinos. Al mismo tiempo, el llamado Plan Tricolor lo conminaba a atender cualquier emergencia grave que se presentara en el centro de Bogotá por cuenta de la guerrilla. Se trataba de evitar otro 9 de abril, fantasma que seguía flotando en el recuerdo de los más viejos militares. Cuando menos lo esperaba, esa pesadilla hizo su aparición con el asalto al Palacio de Justicia por unidades del M-19. “Ese día cambió mi vida”, suele decir Plazas.

¿Cuál fue su papel en ese momento?

Lo que hice fue cumplir con mi deber rigurosamente, hacer lo que mandan los cánones militares. En ningún momento violé los derechos humanos de nadie ni cometí error alguno. Así fue reconocido por mis superiores. Por su parte, la prensa y la opinión pública calificaron como heroica la tarea cumplida por mis tropas.

¿Cuánto duró para usted esta grata situación y por qué cambió?

Duró más de veinte años. Para mí, el origen de la injusticia cometida conmigo empezó con el indulto y la amnistía del M-19 en 1992. Los dirigentes de esta guerrilla no solo obtuvieron relevantes puestos públicos, sino algo muy grave: una inquietante influencia en la Rama Judicial. De la noche a la mañana, los jueces empezaron a investigar a los miembros del Ejército Nacional por supuestas desapariciones y no a los guerrilleros que habían asaltado el Palacio. El resultado de todo esto es mi detención y la del general Arias Cabrales, quien todavía sigue cumpliendo una injusta condena en medio de la indiferencia pública.

¿Es cierto que los narcotraficantes participaron en su condena?

Sin duda alguna. No se debe olvidar que el presidente Álvaro Uribe me nombró director nacional de Estupefacientes. Para hacerlo se estudió milimétricamente mi hoja de vida. Si hubiesen encontrado en ella una sola mancha, no me habrían nombrado. Pues bien, en dicho cargo realicé incautaciones y extinciones de dominio por más de dos billones de pesos colombianos, cifra que no tiene parangón en la historia de la DNE. Bajo la dirección de Fernando Londoño Hoyos y los miembros del Consejo Nacional de Estupefacientes acabamos prácticamente con el cartel de Cali. Dirigimos las fumigaciones con glifosato de los cultivos de coca, reduciendo el inventario nacional de esa planta maldita de 155.000 hectáreas a menos de 60.000. Para mí, esa es la verdadera razón del proceso del Palacio de Justicia que me reabrieron. Violando todas las normas judiciales en mi contra, fui condenado a treinta años de prisión por un delito que no cometí.

¿Cómo se produjo su absolución?

Después de estar durante ocho años y medio privado de la libertad injustamente, mi absolución se produjo gracias a un cuidadoso estudio de mi caso por parte de la Corte Suprema de Justicia. Cuando quedé libre viajé a los Estados Unidos para poder vivir la vida que me habían quitado por tanto tiempo.

¿Cuáles fueron sus actividades en Miami?

Me dediqué a terminar unos libros que los tenía muy adelantados. La infamia cometida en mi caso quedó plasmada en el libro Manteniendo la democracia, ¡maestro! También terminé un libro de historia titulado Gobernantes españoles de la Nueva Granada. Otra de mis actividades tuvo carácter político cuando decidí unirme al Centro Democrático en la Florida. Dicté de forma permanente conferencias en las que resaltaba la importancia de este partido, así como la gravedad de lo que estaba viviendo Colombia con el acuerdo firmado entre el Gobierno y las Farc. Por cierto, me resisto a llamarlo proceso de paz porque en realidad no lo es. Lo expliqué muchas veces en el sur de la Florida buscando el voto por el No en el plebiscito.

¿Cuál es la razón para que usted se presente como candidato al Senado?

Hace unos meses, Thania, mi esposa, me comunicó que no quería seguir en el Senado de la República. Las razones que aduce son dos. La primera de ellas es familiar: quiere vivir cerca de sus hijos y sus nietos, más que estar dedicada a la política, que no es su vocación. La segunda es que por ser una persona de enorme dignidad manifiesta no puede sentarse al lado de criminales de lesa humanidad en ningún foro, ni siquiera en el Senado. Al conocer su decisión, algunos importantes dirigentes del Centro Democrático insistieron en que tomara su lugar.

¿Qué cosas acepta del acuerdo firmado por el Gobierno y las Farc y qué cosas no?

Estamos apoyando a un grupo de parlamentarios del CD que buscan las firmas necesarias para derogar la JEP, que en realidad es una justicia creada para favorecer a las Farc. También derogar la pretensión de incluir esos bárbaros acuerdos en la Constitución de Colombia, dándoles el nivel de tratado internacional. Las Farc no son sujeto de derecho internacional, porque no son un Estado y por su vinculación al narcotráfico. Y, por último, derogar la participación política de las Farc. Hay relación confirmada de que por lo menos treinta de los firmantes del acuerdo de paz están pedidos en extradición por los Estados Unidos, y por cada uno de ellos se ofrecen hasta cinco millones de dólares de recompensa. Así que no debería permitírseles hacer política.

¿Cuál es para usted la explicación de que en los últimos años se haya registrado un considerable aumento en los cultivos de coca?

Ello se debe, en primer término, a una concesión que en La Habana se le hizo a la guerrilla de suspender la aspersión con glifosato. Hace un año, el 31 de diciembre del 2016, tales cultivos habían subido a 188.000 hectáreas. El general Barry McCaffrey, exdirector antidroga de los Estados Unidos, informó en una rueda de prensa que la situación de nuestro país era supremamente grave en relación con el Plan Colombia. Después de invertir más de diez mil millones de dólares en la lucha contra la coca, esa plata se perdió, pues los cultivos no disminuyeron sino que aumentaron, algo muy diferente a lo que se estaba logrando durante el gobierno de Álvaro Uribe.

Un tema duramente debatido: las 16 curules para las víctimas, ¿a usted le parece injusto otorgarlas?

Sí, porque no son para las verdaderas víctimas. Las Farc, mientras se debatía el llamado acuerdo de paz, se empeñaron en incluir a muchos de sus hombres como víctimas del Estado. Además, a la hora de la verdad, esas curules se otorgarían en zonas donde siempre han tenido presencia, mientras el Estado ha permanecido distante. De modo que en vez de reales víctimas del terrorismo los que tendrían opción de llegar al Congreso serían más bien los victimarios.

¿Cómo ve la paz en el posconflicto?

Para mí este es un manejo semántico perverso. La lucha de un Estado democrático contra una organización armada que apoya su lucha en el terrorismo y en el narcotráfico no puede llamarse conflicto, pues eso es ponerlos en igualdad como actores de una guerra. Yo diría más bien un posacuerdo Santos-Farc. No se ha hecho el inventario de la cantidad de policías y soldados muertos durante y después de las conversaciones. Tengo información de que no hay una sola zona veredal de concentración que tenga más de cien guerrilleros. Esto nos da solamente 2.300, en vez de los 8.000 que se concentraron inicialmente en esos lugares.

¿Dónde están esos desertores?

Unos se fueron para el Eln y el Epl, otros simplemente usan el brazalete de las Farc y vuelven a la misma zona donde estaban delinquiendo, a su lado se encuentran las bandas criminales y los diferentes clanes que defienden los cultivos de coca y amapola.

¿Cree usted posible que el CD pueda realizar una coalición con Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez?

Sería muy interesante que esa coalición de todos los que votaron por el No pudiera culminar en la presentación de un solo candidato. La forma como deba llevarse a cabo este acuerdo de vital importancia está aún en estudio. Probablemente se realice una consulta el 11 de marzo. No olvidemos que Colombia se está jugando su porvenir en estas elecciones.

PLINIO APULEYO MENDOZA
Especial para EL TIEMPO

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