“El infame proceso contra Plazas Vega” por Abelardo De La Espriella – artículo de opinión

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Ocho navidades fuera de su hogar, confinado en una guarnición militar, debió soportar el coronel (r) Alfonso Plazas Vega, para que la justicia le diera la razón. El camino hacia la verdad fue tortuoso y lleno de obstáculos. Al exoficial se le acusaba de haber desaparecido a varias personas que salieron vivas del Palacio de Justicia. En el año 2010 fue condenado a 30 años de prisión. La Corte Suprema, en un fallo histórico, acaba de absolverlo.

Antes de que los tribunales decidieran, los “juzgados” de los medios y de una sociedad que se alimenta de la tragedia ajena habían crucificado al hombre que unos años antes portaba el uniforme defendiendo la democracia. La cercanía con el expresidente Uribe, y su paso por la Dirección Nacional de Estupefacientes, exacerbaron el odio de sus malquerientes y de los mafiosos a los no les dejó manejar los bienes incautados, quienes de seguro hicieron parte del montaje.

La valerosa defensa del Coronel (r), encabezada por el gran penalista Jaime Granados, desde el primer momento respaldó con ahínco su inocencia, soportada en pruebas que demostraban que su prohijado solo estuvo a cargo de la retoma del Palacio y del traslado de los sobrevivientes hasta la Casa del Florero. Por lo que le pasó después a esas personas, Plazas Vega no podía responder, pues hasta esa instancia llegó su gestión.

El proceso estuvo dirigido por la entonces fiscal delegada ante la Corte Ángela María Buitrago, una funcionaria preparada, pero con más odio que razón en su corazón, un ser lleno de complejos, amarguras e inseguridades. La juez del caso fue María Estella Jara. Ambas mujeres se dejaron embriagar por los gritos y el aplauso delirante de la galería que pedía el linchamiento de Plazas, sin ni siquiera conocer el expediente. A las funcionarias de marras no las movía la búsqueda de la justicia; tan solo el ánimo de hacerse “célebres” las impulsaba. Por eso se obsesionaron con el sumario.

Los medios de comunicación también se cebaron con Plazas Vega: lo vilipendiaron hasta el cansancio, y no perdían oportunidad para exaltar la labor de la fiscal Buitrago y la juez Jara, a quienes llegaron a bautizar como “las damas de hierro” de la justicia colombiana. Ellas, ni cortas ni perezosas, se sintieron ungidas del favor popular y mediático, y se dedicaron a violentar el proceso y las garantías fundamentales del encartado, al extremo de desconocer las pruebas favorables. Hasta hace una semana y ante la inminencia del fallo definitivo, Noticias Uno insistía en acusar a Plazas Vega, con refritos y testimonios carentes de veracidad.

Mientras todo esto pasaba, al otro lado de la plaza de Bolívar, apoltronados en el Palacio Liévano y en el Congreso de la República, respectivamente, se encontraban Gustavo Petro y Antonio Navarro, dictando cátedra de moral. Sí, los desmovilizados del M-19, el mismo grupo armado que se tomó el Palacio de Justicia y lo incendió, ellos libres de toda culpa, mientras que los miembros de la Fuerza Pública que acudieron a proteger la institucionalidad resultaron arrasados por una avalancha judicial, con más tintes políticos que jurídicos.

Plazas Vega no podrá recuperar el tiempo perdido y los abrazos que dejó de darles a sus nietos; pero de seguro hallará la forma para que las prevaricadoras que lo procesaron y condenaron paguen, con plata y cárcel, la infamia monstruosa que cometieron, contra él y su familia.

Cada día confirmo más que el peor de todos los delincuentes es el funcionario judicial que desconoce la ley, para perseguir a un procesado.

abdelaespriella@lawyersenterprise.com