“La Tragedia del Palacio de Justicia y la conciencia de culpa‏” – Por Juan Carlos Bermúdez

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Pelecha como la maleza y se extiende, sin mayor resistencia, a amplios sectores de opinión, la actitud de atribuirse la culpa o la responsabilidad de los delitos de los que somos víctimas. 

De esa forma, diría el sociólogo altruista, el ladrón no es más que el resultado de las injusticias sociales, creencia que nace del aforismo “el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe”, un paradigma que intenta explicar las conductas delictivas como consecuencia de “causas objetivas o materiales” y no de tendencias inmorales. 

Esta reflexión viene al caso en razón de la retórica dominante con la que se ha evocado el trigésimo aniversario de la toma del palacio de Justicia por un comando guerrillero del M-19. Con pocas salvedades, cronistas, editorialistas, columnistas, familiares de las víctimas, Ongs especializadas en explotar el dolor ajeno y en arrinconar al Estado y uno que otro sobreviviente, han descargado toda o la mayor parte de la responsabilidad de la tragedia en el gobierno de entonces y en el Ejército.

Una falla descomunal consistente en desconocer la naturaleza de la acción acometida por el grupo insurgente ilumina esta forma de ver dicho acontecimiento. La Fuerza Pública no se enfrentó a una protesta sindical ni a una huelga ni a una marcha de protesta contra la exclusión o anulación de libertades o violación de derechos. El hecho ni siquiera se puede asemejar, como algunos han insinuado, a la toma de la embajada de República Dominicana pues, en esta, hubo exigencias concretas: libertad de los presos políticos, varios millones de dólares y un avión.

 Recordemos: el M-19 no entró al palacio de Justicia a presentar un pliego de peticiones o a hacer una protesta, no fue a llevarles flores a los magistrados de la Corte Suprema ni a distribuir volantes. Este grupo realizó un ataque con armas letales, bombas, rockets y pertrechos contra la Corte Suprema máximo organismo del tercer poder. El M-19 entró disparando y matando celadores, quiso usar la Corte como escudo y botín de cambio en su verdadera pretensión: hacerle un juicio político al presidente Belisario Betancur y dar un golpe de Estado. Esperaban, como buenos putchistas, que el pueblo se lanzara a las calles en apoyo de su “gesta patriótica”.

Algunas versiones hablan de un objetivo adicional: el capo del narcotráfico Pablo Escobar habría financiado el operativo para que destruyeran los archivos y expedientes relacionados con la extradición. Con la atrevida acción, el M-19 se proponía, ni más ni menos, derrocar a un presidente legítimo. La acción tenía un alcance político de gran calado y para ello utilizaron métodos de batalla final. No fue un enfrentamiento de los que solían ocurrir en las montañas y poblados de nuestra arisca geografía. Estaba en juego el almendrón de la política y de la guerra: EL PODER DEL ESTADO. Ganar la guerra de manera expedita, desafiar el corazón de ese poder en la emblemática plaza de Bolívar secuestrando a la Corte Suprema de Justicia.

Los medios silencian o minimizan todo esto, enfatizan en el clamor del magistrado Reyes Echandía para que  cesara el fuego, omitiendo que ese llamado estuvo precedido por la voz amenazante del comandante guerrillero que le decía al doctor Reyes “háblele al presidente, dígale que su Ejército nos está masacrando a todos, exíjale que cese el fuego porque si no lo hace mataremos a los magistrados uno por uno”. Les parece que el presidente Betancur fue insensible por no haberse prestado al chantaje.  

El peso de la retórica que ha invertido la culpa ha sido tan poderoso que el Estado y sus agentes terminaron siendo los culpables del aventurero ataque guerrillero. Hasta la izquierda democrática que en su momento calificó la toma como una aventura anarquista e insensata, hoy acusa al Estado y a sus agentes.

La consecuencia fatal de esa propaganda plagada de versiones distorsionadas, rumores, mítines, montajes judiciales e ideología, es que un sector de las elites colombianas cayó en la trampa de sentir conciencia de culpa y que ni nos inmutemos con la descarada pretensión del díscolo Fiscal General de llamar a interrogatorio a varios ministros del gobierno Betancur. 

La famosa respuesta del coronel Plazas Vega cuando le preguntaron qué estaba haciendo el Ejército en su reacción al ataque: “Manteniendo la democracia”, fue objeto de críticas e ironías. Nuestra democracia no gozaba de la estima debida y, en cambio, hubo subvaloración del objetivo de los terroristas.

La toma del palacio de Justica dejó un balance a dos caras. De un lado, la salvación de más de 300 vidas, de la democracia y del estado de derecho. Del otro, la tragedia: once magistrados de la Corte asesinados a sangre fría por el M-19, la muerte de civiles y agentes del estado que actuaron en cumplimiento del deber. Muy grave es que un sector de las elites gobernantes hayan dejado solos al gobierno y a la Fuerza Pública de aquel momento. 

El resultado jurídico es el mundo al revés, en la cárcel varios oficiales que procedieron según la lógica con que se responde a una acto de guerra total y libres los jefes guerrilleros que aunque no participaron fueron corresponsables de lo planeado y ejecutado por sus camaradas en cuanto miembros de una organización compartimentada en la que militaban fielmente. Si el Fiscal, con su escopeta de regadera quiere apuntar un balín sobre la dirigencia del M-19 que vivió el evento desde afuera, bastaría que les aplicara la teoría que tanto le agrada, la de Roxin o del contexto por la que pagó una fortuna a la señora “Tocarruncho”.

  

Por Juan Carlos Bermúdez Reyes