El viacrucis judicial del coronel Plazas – Por: Otoniel Arango Collazos

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Decía con razón Séneca, que “Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía”, y en el caso del señor coronel Alfonso Plazas Vega, la injusticia es manifiesta, pues en noviembre se cumplirán 30 años desde la fecha de la brutal toma del Palacio de Justicia por el M-19, aliados con Pablo Escobar y el proceso penal nada que termina. Para mayor desgracia, acaban de cumplirse ocho años de privación injusta de su libertad; ni los confesos narcoterroristas de las AUC, ni mucho menos los de las FARC, han permanecido tanto tiempo privados de la libertad, no obstante los gravísimos e innumerables crímenes cometidos. Se ha conocido públicamente el sentido favorable de la ponencia del magistrado Luis Guillermo Salazar Otero, pero la decisión que pondrá fin a tan ignominiosa  violación de los derechos y garantías fundamentales de este héroe nacional, cojea pero no llega.

Es palpable la asimetría jurídica, cuando se observan casos en los cuales están involucradas las Farc; la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al resolver un recurso de casación absolvió al máximo comandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverry, alias “Timochenko” y al jefe negociador de dicho grupo subversivo en La Habana, Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, por la acusación que en su contra hiciera la Fiscalía, por el reclutamiento de menores de edad en territorio antioqueño. Los menores de edad fueron capturados el 9 de junio de 2004 por la Policía Nacional y en su poder fueron encontradas armas y explosivos. En este caso, la Corte decidió aplicar el in dubio pro reo, aplicando justicia prontamente.

¿Será mucho pedir a la Honorable Corte Suprema, que sea tan eficiente en todos los casos y no en casos puntuales?
El caso del coronel Plazas es mucho más deplorable, cuando se sabe que los operadores jurídicos de primera instancia pretendieron dar aplicación a una conducta regulada por la Ley 599 de 2000 y de ñapa, hicieron alusión a un aumento consagrado en la Ley 890 de 2004, es decir, que se pretendió aplicar una norma creada 19 años después de los hechos.

La Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de la Asamblea General de la ONU se hizo en el año 1992, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas fue creada en 1994, la tipificación universal en el Estatuto de Roma de la CPI en 1998 y la “Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas” de la Asamblea General de Naciones Unidas, fue firmada en París el 6 de febrero del reciente 2007 y apenas en aquel entonces se establecieron una serie de obligaciones universales jurídicamente vinculantes para los Estados signatarios, es decir que toda la legislación sobre el tema es posterior a los hechos investigados.

No se entiende que en un Estado Social de Derecho como se predica del colombiano, se violen tantos derechos fundamentales a un héroe de la Patria de manera impune; cualquier estudiante de primer año de derecho sabe que la Ley nunca tiene efectos retroactivos, a no ser que sea en aspectos meramente favorables. Lo anterior suponiendo  de mala fe la culpabilidad del coronel Plazas, que no lo es, como lo ha demostrado su defensa. Un feliz día y mucha prosperidad.