“Carta abierta al Coronel Luis Alfonso Plazas Vega” escrita por Eduardo Mackenzie (noviembre 07 del 2015)

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Estimado Coronel Alfonso Plazas Vega,

No es la primera vez que lo digo, pero hoy, ante los 30 años del horrendo asalto terrorista contra el Palacio de Justicia de Bogotá, debo decirlo de nuevo: usted es el ganador indiscutible de la batalla ética, moral, política, intelectual y jurídica que desató esa violenta acción armada que buscaba “desquiciar nuestras instituciones republicanas”, como dice el excelente informe del Tribunal Especial de Instrucción de mayo de 1986, que ahora algunos quieren sepultar en el olvido.

El 6 y 7 de noviembre de 1985, el M-19 irrumpió en la sede central del poder judicial, tomó y asesinó magistrados rehenes, uniformados y civiles, e incendió el enorme edificio para cumplir el compromiso que tenían con el narcotraficante Pablo Escobar. Enseguida, desde el primer día del final de esa hecatombe, el M-19 urdió una falsa versión de todo ello y movió sus fichas para que el país nunca supiera qué había pasado en esas dos jornadas de bala y fuego.

Es cierto que usted está detenido injustamente desde hace ocho años. Usted es la prueba irrefutable de que en la triste Colombia de hoy puede darse la paradoja detestable de que un  militar ejemplar, que contribuyó de manera decisiva, en noviembre de 1985, a salvar el país, puede ser objeto hoy de la más tenaz,  infame y soterrada persecución judicial que haya conocido la República de Colombia.

Pese a ello usted ha ganado ese segundo combate, como ganó, para la libertad y la soberanía de Colombia, el primero, tras el enfrentamiento armado de esos dos días históricos.

En todos estos años, su libertad de conciencia y su sed de justicia no fueron encarceladas. Usted pasó por encima de las limitaciones de un hombre en cautiverio. Con paciencia investigó, reunió miles de documentos y actos procesales y redactó textos muy importantes.

Con sus libros, cuadernos, entrevistas y reflexiones usted ha logrado desmontar el mecanismo objetivo de la enorme persecución judicial que la prensa llama “el proceso del palacio de justicia”. Nadie había intentado desafiar a los terroristas de manera tan completa. Usted examinó y disecó, como lo haría un buen entomólogo, pieza por pieza, los momentos y faces del ataque terrorista y, sobre todo, los módulos del fraude procesal ulterior montado para completar el plan subversivo. Usted ha logrado exponer todo eso de manera clara y accesible a todos.

Gracias a usted, Colombia sabe hoy qué bajas artimañas, que violencias, utilizaron los conjurados para crear un escenario falso de culpabilidad contra usted y contra los mandos militares que participaron heroicamente en esa contienda.

Quienes impulsaron el infame proceso creían haber construido un entramado tan intrincado y perfecto de mentiras, falsas pruebas, tumultos, influencias, substituciones y prevaricatos que nadie lograría desenredarlo, ni explicarlo.

Creían controlar todos los hilos de los manejos pecuniarios, ideológicos y hasta psicológicos contra los testigos sobrevivientes y contra las familias de las víctimas. Estimaban que los agresores podrían travestirse en víctimas; que impondrían la presunción de culpabilidad aplastando la presunción de inocencia, que nunca tales imposturas serían descubiertas. Fracasaron. Usted arrojó luz sobre esa inmunda maraña y designó con nombres propios a los criminales.

Gracias a su esfuerzo intelectual, los estudiosos que quieran penetrar los arcanos de esa conspiración anti colombiana podrán saber cómo ésta fue tejida y cómo sus actores creyeron ganar en un primer momento. En un primer momento, repito, pues a escala histórica ellos han perdido, pues ese complot se derrumbó y el derecho y la lógica van a salir airosos. Esa gente nunca más podrá montar algo parecido.

Desde un alto lugar del poder judicial, el magistrado Hermens Darío Lara Acuña, quien encarna la probidad y consistencia moral de capas enteras de magistrados, pidió, tras largos meses de escrupuloso estudio del expediente, la absolución del Coronel Plazas Vega, como varias veces la había pedido la Procuraduría General de la Nación. La perfecta descripción  que hizo ese admirable funcionario de los horrores que había cometido la instrucción del proceso se ha transformado en un libro que ningún estudiante de Derecho que se respete podrá ignorar.  

Ahora la misma Fiscalía, que había sido parcial y obscura ante este caso, acaba de confirmar lo que usted y el Tribunal Especial de Instrucción decían desde hace años: que los llamados “desaparecidos” son personas que murieron en el Palacio de Justicia y que no han sido identificadas y que esos restos estaban y están aún en poder de la Fiscalía. La identificación por la prueba ADN que acaba de hacer la Fiscalía de los restos de tres de esos “desaparecidos”, María del Pilar Guarín, Lucy Amparo Oviedo y Luz Mary Portela León, refuerza la inocencia del coronel Plazas y hunde en la ignominia, un poco más, a los impulsores del fraude judicial.

El hecho de que la ex fiscal Ángela María Buitrago, responsable de las peores  anomalías del proceso, no tenga argumentos para explicar lo que acaba de revelar la Fiscalía sobre esas identificaciones, y se queda sin voz cuando el vice fiscal Jorge Perdomo admite, por fin,  que la Fiscalía tiene desde hace años 92 cajas con restos óseos aún no identificados, muestra en su verdadera amplitud la crisis judicial colombiana, la cual desemboca, en realidad, en una crisis de conciencia moral del país.

El Fiscal General, Eduardo Montenegro, indiferente ante la crisis judicial, finge no saber, 30 años después, qué pasó en el Palacio de Justicia. En lugar de llamar a declarar a quienes eran jefes del M-19 en 1985, en lugar de buscar la verdad investigando a los instigadores y realizadores de ese cruel asalto, él se empeña en volver, por el contrario, sobre puntos subsidiarios que habían sido resueltos hace años por investigaciones no cuestionadas. El revive la hipótesis de la “operación ratonera”, inventada por el M-19  para desviar la atención exclusivamente sobre las fuerzas del Estado. ¿Quién puede creer que éstas calcularon que podrían destruir la organización terrorista atrayendo a algunos de sus miembros al palacio de justicia?

Y está el nuevo capítulo del papel que pudo haber jugado en el asalto la difunta Cristina del Pilar Guarín,  quien había sido descrita hasta ahora como “visitante ocasional” o como empleada de la cafetería del palacio.  La Fiscalía reveló que entre los restos de ella (que antes presentaban bajo el nombre de otra persona, María Isabel Ferrer), encontraron un revolver Colt, lo que permite pensar que ella participó en el asalto. Su hermano René Guarín, quien enviada memoriales mentirosos a la fiscal Buitrago ocultando su condición de ex guerrillero del M-19, ahora improvisa otra explicación: que ese Colt era “de un policía” que trataba de seducir a su hermana y que para eso le dejaba el arma en la cafetería. 

¿Cree él que los colombianos somos débiles mentales?  

Otro tanto ocurre con el relance del tema del origen del incendio del palacio de justicia, aspecto ya resuelto por los jueces: fueron los asaltantes, en acción deliberada, para cumplirle a Pablo Escobar, y no la fuerza pública.

A pesar de esa combinación de datos nuevos y de intentos para mantener las tinieblas, la situación actual de ese proceso es alarmante: la prensa informa que desde hace once meses la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene ponencia favorable al Coronel Plazas, que ésta finalmente reconoce la inocencia del Coronel Plazas. Empero, el fallo sigue frenado no se sabe por qué ni por quien, como si el sufrimiento de un detenido inocente y de su familia no contara para nada.

Pese a ello, usted Coronel Plazas es el vencedor de esta larga batalla. Y lo que sigue no es sólo su absolución sino su rehabilitación. Otros militares honorables, acusados, humillados y encarcelados injustamente fueron al final rehabilitados. ¿No fue ese el caso, en Francia, del capitán Alfred Dreyfus? ¿No venció él a sus obstinados acusadores con el “J’accuse!” de Emile Zola, de 1898, mucho antes de ser rehabilitado en 1906?

Millones de colombianos, entre ellos miles de abogados, periodistas, magistrados, políticos, religiosos y universitarios, esperan que la Corte Suprema de Justicia declare su inocencia, Coronel Plazas, y lave así la mancha que arrojó sobre todo el sistema judicial ese proceso desorientado y desorientador y le diga al país la verdad de lo que realmente ocurrió en Bogotá el 6 y 7 de noviembre de 1985.  

Por Eduardo Mackenzie

7 de noviembre de 2015